Prepara unas palomitas y conéctate a YouTube.

Además de videos de caídas, gatos divertidos, bebés que se duermen solos y el último atisbo a las intimidades de Lady Gaga, el buscador de videos más popular de Internet está comenzando a ofrecer películas y capítulos de series de televisión por precios desde 99 centavos a la manera de iTunes. ¿Deseas saber más?

YouTube Store es la tienda de películas y episodios de series televisivas que puede convertirse en el gran competidor de la tienda online de Apple. YouTube cuenta con la ventaja de estar asimilada en casi todo el mundo al acto de ver un video. El siguiente paso era ofrecer contenidos de pago.

De momento el catálogo que se podía encontrar en pruebas el pasado mes de enero estaba compuesto en su mayoría de films independientes proyectados en el Festival de Sundance y que podían alquilarse durante 48 horas por precios entre 1 y 4$, efectuándose el pago mediante Google Chek-out.

Ahora el catálogo está creciendo, aunque sigue dominado por las películas independientes, el manga, los documentales y las películas de Bollywood. De momento YouTube no ha hecho aún un anuncio formal pues continúa ofreciendo este servicio en pruebas e incrementando paulatinamente los contenidos. La competencia, además de iTunes, quien lleva dos años alquilando contenidos online, pasa por el también incipiente Xbox Video Marketplace de Microsoft.

El año pasado The Wall Street Journal daba la noticia de que Google (propietaria de YouTube) se encontraba negociando con algunos de los grandes estudios (Lion´s Gate, Sony y Warner Brothers) para llegar a acuerdos de distribución online de sus catálogos de películas. Quizá sea ese el espaldarazo que necesite esta iniciativa. ─ Antonio Rentero [YouTube Store]

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Actualización:

Para el que estuviera esperando el momento, parece ser que ya han conseguido crackear el iPad para liberalizarlo, tal y como se hizo con el iPhone.

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The Spanish Government has recently proposed new legislation under which BitTorrent sites could be taken offline without a judicial order. The new Sustainable Economy Law, sponsored by Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero, further includes a wide range of measures that are aimed at protecting copyright holders from online piracy.

It comes as no surprise that the new legislation has been met with firm opposition from the public. They are now joined by Professor Pablo Fernández and Professor Michele Boldrin, who have published a report arguing that the new law might do more harm than good.

The report, published by the economy research center FEDEA, harshly criticizes the Government’s plans to clamp down on the file-sharing public. They say that the current proposals are a “useless and an ineffective way to defend the artists because it is already an ancient form of fighting piracy.”

According to professors Fernandez and Boldrin, the proposed legislation only benefitsthe major labels and artists “at the expense of users and lesser-known artists.” They further say that it would be more effective for the entertainment industry to explore new business models instead of clinging to an old model that has proven to be ineffective.

“The Internet has changed the playing field and there are new rules that would allow a substantial reduction in property rights,” Professor Pablo Vazquez said commenting on the report. The researchers therefore advise the Government to stop its war on piracy and come up with legislation that would allow for reduced copyright terms .

In their report the professors rightfully argue that the Internet has drastically changed the way users interact with media. If tougher anti-piracy legislation is implemented, digital innovation may be hampered due to unnecessary restrictions on Internet use.

Under the current laws Spanish citizens are allowed to share copyrighted files for non-commercial use. Websites that offer links to copyrighted files are also acting within the boundaries of the law as long as they do not profit directly from infringements.

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Por si esto fuera poco, además, se establece la posibilidad de crear un consejo supervisor internacional que repase todos los aspectos del acuerdo, es decir, la competencia de internet correspondería a un ente de alcance mundial. Precisamente por este tipo de particularidades y el secretismo el Parlamento Europeo -a pesar de que la Comisión ha asistido a alguna reunión- votó una resolución este mes en la que los eurodiputados exigen unas negociaciones transparentes y recuerdan que el Parlamento debe ser informado de las mismas.

El tratado contra las falsificaciones y para la protección de la propiedad intelectual que ha impulsado fundamentalmente EEUU y Japón, y que negocian en secreto con las grandes potencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, tendrá su próxima reunión en Nueva Zelanda en el mes de abril.

* Literalmente, “(…) include sentences of imprisonment as well as monetary fines sufficiently high to provide a deterrent to further acts of infringement, consistent with a policy of removing the monetary infringement incentive of the infringer“

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Rafael M. siempre fue un crack de la informática. Es un autodidacta puro. Fueron noches y noches las que pasó en sus años mozos desbrozando manuales de electrónica. Llegaba de trabajar todo el día en el bar y se ponía a estudiar los chips de las consolas de videojuegos. No tardó mucho en sacarse “unas pelillas” con su destreza, poniendo chips en consolas de la gente: “Con ello, la gente ya podía usar los juegos piratas”, cuenta con media sonrisa en la terraza de un bar de su pueblo, Callosa de Segura, Alicante. Luego llegó la afición por “colaborar” con páginas que facilitan enlaces para las descargas. Admite que aprendió a ripear DVD, o sea, a manipularlos para poder subirlos a la red. Durante cinco años, hasta julio de 2009, administró la página de enlacesTodotorrente.com. Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante dictaba un auto ordenando el bloqueo de 16 páginas webs detrás de las que se dice que está y en las que el juez estima que hay “sobrados indicios” de que se usan “para actividades delictivas”. Él lo niega.

Rafael M. habla abiertamente y con naturalidad de una actividad de la que pocos quieren hablar. Cada vez que va al cine en Alicante, tiene a los vigilantes pendientes de él, temen que acuda a grabar la película. Dos veces le han registrado en estos cines, dos veces llevaba una cámara de vídeo, pero sin batería. Ya ha sido detenido en dos ocasiones tras ser registrada su casa; en la última ocasión, en diciembre de 2009, tuvo que pagar una fianza de 4.000 euros para abandonar el calabozo. “¿Se me ha pillado grabando en el cine?”, pregunta Rafael. “No. ¿Por qué? Porque no lo hago. Además, hoy las películas se pueden grabar hasta con un móvil”.

El caso de Rafael M. es parte de un debate que sacude a industrias culturales y comunidades de internautas en estos días, el debate sobre lapolémica ley antidescargas; una norma que, entre otras cosas, pretende ser el instrumento para combatir a las webs que facilitan el acceso a contenidos sujetos a derechos de autor, como la web que Rafael M. administró durante cinco años.

Las disensiones entre detractores y partidarios de la ley antidescargas, que entre otras cosas plantea la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que tramitará las denuncias contra webs mediante un procedimiento rápido, lleva semanas sacudiendo la red y los medios de comunicación. Los primeros hablan de una ley que abre el camino a la censura; que va contra el signo de los tiempos, contra la esencia misma de Internet: la capacidad de enlazar. Los segundos saludan la llegada de un instrumento que, esperan, ayude a paliar las millonarias pérdidas de las industrias del cine, la música y los videojuegos.

De entre todas las webs que proporcionan enlaces a páginas de descargas, las que están en el punto de mira del Gobierno son aquellas regentadas por administradores que se encargan de subir películas a la red. Éste es su modus operandi:

Viernes, día de estreno en España de una película. Sesión matinal. A las once de la mañana, una persona entra y coloca sobre el apoyabrazos de la sala una cámara de vídeo. Si consigue grabar la película, podrá cobrar hasta 1.000 euros por ella, según los cálculos de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), asociación privada que lucha contra la piratería en videojuegos y películas (500, según cuenta una persona de los submundos de Internet).

Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el pirata acude al cine a grabar el audio con un simple grabador de MP3: la película, sin doblar, ya circula por distintas webs del mundo y el administrador de la web, la mayoría de las veces, la puede conseguir sin grandes problemas en la red -hay alguien que ya ha hecho ese trabajo en algún rincón del planeta: ya sea grabándola en el cine, extrayéndola de un DVD o a través de filtraciones que se producen desde la propia industria cinematográfica; internacionalmente, unas webs nutren a otras-. El tema es el doblaje: la gente que se descarga películas en España, en su gran mayoría, las quiere dobladas al español. De ahí que el objetivo del pirata sea conseguir el audio en español: según la FAP, por él le pagan unos cien euros.

A la hora de comer de ese mismo viernes, el encoder (el propio administrador de la web o alguien que trabaja para él) sincroniza audio y vídeo, y generalmente, bajo una identidad falsa, la aloja despiezada en un remoto servidor fuera de España. Se anuncia en la web que la película estará lista en unas horas, mientras se prepara la ficha de la película y se busca la carátula en Internet.

El viernes por la noche, la web tiene colgado el enlace que permite ver o descargar el estreno de la semana. La película se estrena simultáneamente en cines de toda España y en la web. “Las webs que hacen más daño son las que buscan estrenos”, explica Joan Navarro, portavoz en funciones de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, agrupación que reúne a varias entidades de gestión de derechos de autor. “Las webs que ponen publicidad generan el 80% del intercambio entre particulares”, dice.

Según un estudio presentado por este lobby cultural hay 200 webs de enlaces en el mundo que se rigen por criterios comerciales y sacan tajada al negocio: 74 están en Estados Unidos; 62, en España.

La mayoría de las webs de enlaces no se rigen por estos criterios de funcionamiento. Simplemente copian enlaces para compartir, invocando la libre circulación de la cultura en la red: ni cuelgan publicidad, ni sacan dinero. Así es en el caso de Jesús Guerra, administrador de elrincondejesus.com, que fue absuelto hace dos semanas: el magistrado del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona desestimó la demanda presentada por laSGAE y consideró que el sistema de enlaces no supone distribución, reproducción ni comunicación pública de la obra.

Jesús Guerra tiene escrito en la mirada que es un hombre que ha sufrido. Con su mandil rojo, sentado a una mesa del restaurante que regenta en el Polígono Laborda de Caldes de Montbui, Barcelona, confiesa que todo han sido dolores de cabeza desde que empezó el juicio, hace diez meses. “Si ellos no recurren”, dice en referencia a la SGAE, “yo paro. Ya no tengo ganas de seguir. Yo no quiero ser el Robin Hood de Internet”.

Jesús Guerra cuenta que conoció Internet hace diez años. Tenía 38 años, se acababa de separar, estaba solo, quería conocer gente. “Vi la posibilidad de crear un espacio en el que yo era protagonista y los usuarios aportaban los contenidos”, relata. Abrió su web el 27 de febrero de 2003. Cientos de internautas, explica, aportaban enlaces en el foro de su página, enlaces a plataformas de intercambio p2p (entre pares) como eMule . Durante cinco años, se dedicó a revisar los enlaces cada noche, era su hobby. Su comunidad era más bien pequeña, con unos 8.000 usuarios diarios. No tiene publicidad en la página. “No quiero que me llamen pirata”, dice frente al bufé libre que aquí ofrece a las pymes del polígono, en mesas con mantel de papel blanco sobre mantel a cuadros. “Yo siempre he estado en desacuerdo con quienes se lucran con los contenidos de otros”.

Las páginas de enlaces que hacen negocio tienen dos vías fundamentales de ingresos, hoy por hoy: los generados por la publicidad y los derivados del uso de la base de datos de sus clientes, que suelen tener la obligación de registrarse, consignando en muchos casos tres casillas que reflejan sus gustos personales (una información clave para empresas que quieran hacer publicidad selectiva con esos datos). La forma de cobrar vía mensaje sms para las descargas (1,20 euros, generalmente, según la FAP), como ocurría hace unos años, parece haber remitido; así se hacía en el caso de infopsp.com , que supuso una condena a seis meses de prisión a su administrador y multa de 4.900 euros. Con la ley actual en la mano, sólo se condena a las páginas cuando se comprueba que hay un lucro comercial directo (como el de los mensajes sms; o el cobro directo en la página para poder visionar la película, como en el caso simonfilms). La colocación de publicidad no es siempre entendida como lucro directo. De ahí que en el horizonte de la nueva ley esté el concepto de lucro indirecto.

Un estudio de la Coalición de Creadores asegura que las webs de “piratería comercial” alojadas en España obtienen ingresos de publicidad de entre 20.000 y 50.000 euros al mes. Rafael M., sin embargo, asegura que, en general, las webs de enlaces apenas cubren los gastos con ingresos que rondan los 3.000 euros. Este periódico pidió a un experto de publicidad en Internet que hiciera una estimación independiente de los ingresos publicitarios de webs de enlaces que aparecen muy bien situadas en el ranking Alexa de sitios más visitados. Este experto, con más de doce años de experiencia en el sector, pidió mantener el anonimato y estimó que la web seriesyonquis.com puede ingresar en torno a los 32.500 euros al mes por publicidad (con un margen de error del 15%). Este periódico intentó ponerse en contacto con este sitio vía correo electrónico y no obtuvo respuesta.

Los ingresos derivados del uso de las bases de datos de clientes que entran en estas webs pueden generar entre 10.000 y 15.000 euros al mes. Así lo anuncia la web demarketing electrónico Canalmail a sus potenciales clientes, administradores de páginas, a los que ofrece la posibilidad de compartir direcciones de correo electrónico. Este periódico se puso en contacto, vía telefónica, con esta empresa, pero sus directivos declinaron hacer declaraciones.

Según las estimaciones de la Coalición de Creadores, los ingresos derivados del uso de las bases de datos de los internautas que se registran en las webs de enlaces podrían ascender a los 100.000 euros al mes para las grandes webs de “piratería comercial”.

Rafael M. sostiene que en el mejor momento de su web, Todotorrente.com, ingresaba no más de 3.000 euros brutos, de los que le quedaban limpios unos 500, dice. Puso en marcha la página en 2004. Arguye que el diseño, la programación y el alquiler de servidores genera gastos muy elevados. La entrevista con él se produce cinco días antes de que el juez ordene el bloqueo de las 16 webs de las que sería el presunto administrador. Declara que tan sólo es propietario de una empresa de hospedaje de páginas webs, de las que no es el administrador. “Yo ofrezco un servidor dedicado y garantizo que va a estar funcionando. Los registros son para mí y doy acceso a los anunciantes”. Cae una fina llovizna sobre Callosa de Segura y Rafael M. se resguarda bajo el parasol de la terraza del bar, café en mano.

“No tengo miedo; yo siempre supe que lo que hacía no era ilegal”, asegura. “Tendrán que demostrar que soy propietario o administrador de alguna web”, se defiende. Asegura que ir a un cine a grabar audio no es un delito si es para uso particular. “Hay gente que graba audios y los cuelga en Internet, sólo hay que saber buscarlos. Y hay gente que monta vídeos por hobby con el audio sobre un DVD ruso. No cobran nada. La mayoría lo hace gratuitamente. Otras páginas pagan 50 euros al que ha grabado el audio: o le dan el aparato, le pagan la entrada y le dan un incentivo por 30 o 50 euros”.

También hay gente que trabaja por libre, los llamados uploaders, que suben directamente sus grabaciones a servidores en el extranjero como Megaupload oRapidshare . Rafael M. dice conocer a uno que gana en torno a 1.800 euros al mes. La competencia entre ellos para ser el primero en colgar una película de estreno es una carrera contrarreloj.

Muchas de las webs de enlaces a películas de estreno van cambiando de nombre o redireccionando sus visitas a otras webs. Con increíble rapidez. Éste es uno de los argumentos que lleva a muchos detractores de la nueva ley a decir que, sea como sea, será ineficaz. “Habrá que ver quién va más rápido: si los webmasters -administradores de páginas- montando páginas o la Comisión -de Propiedad Intelectual- cerrando”, manifiesta Álvaro Pastor, director de Impresiones web , empresa de publicidad digital.“Si cierran 10 páginas pueden salir al poco 55″.

Olof Sandstrom, director de Arsys , empresa proveedora de servicios de Internet, no discute los derechos de propiedad intelectual, pero dice que la ley supone “saltarse los derechos de los ciudadanos para que no roben a unos cuantos”. Simona Levi, del colectivo Exgae , arguye que la nueva ley “permite violaciones del derecho a la libertad de expresión”. Y añade: “La cultura tiene que circular libremente entre pares, compartir es crecimiento”. Desde el Ministerio de Cultura afirman que sólo verán limitada su actuación los que se aprovechan de las obras de los demás y quienes explotan obras para las que no tienen permisos.

Mientras, los detractores de la ley antidescargas siguen organizándose. Un total de 28.700 webs han incluido ya en su página el banner de protesta “no al cierre de webs”.Red SOStenible , plataforma que reúne a grupos de activistas, blogueros y defensores de los derechos civiles en Internet, se movilizará en la calle durante la Cumbre de Ministros de Cultura que será el martes y miércoles en Barcelona. La revuelta está viva.

La ley antidescargas es como un pequeño dique ante un tsunami. Es la reflexión que está detrás de gran parte del mundo de Internet. Hay una revolución en marcha y muchos aún no se han enterado. Las descargas seguirán: si se tapa un agujero, se abrirá otro. “El canal alternativo surge porque el negocio tradicional no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos”, afirma el abogado Carlos Sánchez Almeida, experto en temas de propiedad intelectual y defensor de algunas páginas de enlaces. Olof Sandstrom añade: “Si tu negocio es vender VHS vas mal: no puedes prohibir la venta de DVD, tienes que evolucionar”.

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El borrador, del 28 de enero de este año, es el resultado de la última reunión de los negociadores del tratado en México y servirá de base para los debates de la próxima ronda negociadora en Nueva Zelanda, en abril. Uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de que se impongan penas de cárcel a los proveedores de acceso a Internet por los contenidos de terceros que alberguen. Esta posibilidad empujaría a estos intermediarios al filtrado preventivo de los contenidos. Japón y Estados Unidos son los países que defienden más claramente esta opción que supondría la introducción de una respuesta gradual. Ante el temor de las sanciones penales, los proveedores de acceso y buscadores filtrarían los contenidos y, en caso de no hacerlo satisfactoriamente, podrían verse acusados de un delito. Ambos países también apoyan la creación de un comité que controlaría la aplicación y reforma del tratado y que, como han subrayado varios analistas, podría suponer la creación de una institución legislativa sin ningún control democrático.

El Parlamento Europeo planteó a las autoridades comunitarias que, en función de sus competencias, debía tener un conocimiento detallado de las negociaciones en marcha y de la postura europea en las mismas. Las autoridades de la UE han insistido en que Europa no suscribirá ninguna medida que atente contra la legislación comunitaria,pero entre los eurodiputados existe preocupación porque dudan de la firmeza de esta postura. En Europa, los proveedores de acceso y portales de Internet no son responsables de contenidos ilegales salvo cuando han sido informados formalmente de su existencia.

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Este extraño fenómeno no tiene nada que ver con el problema técnico padecido por Google.com esta semana que, en algunos casos, ofrecía páginas en otros idiomas que el solicitado por el internauta. La compañía lo atribuyó a un fallo interno.

La hipótesis más extendida entre los expertos para explicar el problema es que algunos servidores situados fuera de China han sido contagiados y redirigen a servidores chinos que modifican las peticiones de acceso de los internautas de aquel país para que no puedan consultar sitios .com bloqueados por el Gran Cortafuegos.

Un representante del centro que gestiona las redes en China ha negado que su país estuviera interceptando el tráfico en Internet.No faltan expertos que sospechan que el reciente conflicto entre Google y China podría estar en el origen político de este problema, pero no existen datos sobre la intervención el Gobierno chino en este conflicto, por ahora, técnico. ArsTechnica recuerda que China aplica el redireccionamiento con propósitos censores desde 2002.

Por otra parte, y sin relación con este misterio, las páginas europeas de la Wikipedia y YouTube.com estuvieron inaccesibles un par de horas el miércoles. Wikipedia lo ha explicado por un problema de sobrecarga de sus servidores europeos. YouTube no ha dado explicación del problema.

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Aunque el Ejecutivo no ha difundido aún el texto del proyecto de ley salido del Consejo, fuentes ministeriales han indicado que no se ha tocado el texto de la disposición final aprobada el 8 de enero pasado, en el que se incluyó la tutela de la Audiencia Nacional en el bloqueo de las webs denunciadas por la Comisión de Propiedad Intelectual.

De esta forma, y tal y como se esperaba el Ejecutivo da por suficiente la modificación introducida en enero respecto al texto original del anteproyecto aprobado en noviembre pasado, en el que no existía esa tutela judicial. La denominada ley Sinde, llamada así porque su principal impulsora es la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, tendrá ahora que tramitarse junto al resto de la LES en el Parlamento que se espera que la apruebe antes de que acabe el primer periodo de sesiones, a finales de junio. En ese trámite los grupos parlamentarios podrán introducir sus enmiendas.

Posteriormente, deberá redactarse el reglamento que desarrolle la ley y, en particular, la forma de elección y la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura , que se encargará de tramitar las denuncias contra las páginas webs, en un procedimiento rápido, que incluye el bloqueo de las páginas infractoras.

El anteproyecto de ley ha sido informado por distintos órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, La Fiscalía General del Estado, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y el Consejo de Estado.

Ni un sólo comentario

Pese a la polémica que ha suscitado esta medida en la opinión pública, el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, no se ha referido en ningún momento a ella en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Sevilla este mediodía. Tampoco los periodistas que estaban allí le han preguntado al presidente sobre la cuestión.

Por otro lado, la organización Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una campaña para solicitar al Gobierno un cambio en su política cultural, al considerar que ha criminalizado a los usuarios por las descargas de Internet, según ha informado hoy la asociación en un comunicado.

La campaña se desarrollará bajo el lema ‘Si es legal, es legal’ y dará la posibilidad a los consumidores de adherirse a un manifiesto contra las medidas promovidas por el Ministerio de Cultura contra las descargas.

En el manifiesto se denuncia que “el Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacinales que dominan la industria cultural”.

“Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura”, señala el manifiesto, que pide “un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria”.

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Estas son las claves para comprender la sentencia y sus consecuencias más importantes:

¿En qué consiste el intercambio P2P?

El intercambio de archivos a través de redes de pares o ‘peer to peer’ se apoya en un sistema de transmisión directo de datos entre ordenadores en red sin necesidad de clientes ni servidores fijos. Es decir, cada ordenador de la red funciona a su vez como servidor, y por eso los intercambios se realizan entre iguales o pares.

¿Qué es lo que prohíbe la ley?

Los contenidos con derechos de autor están protegidos en España por el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual. Es delito plagiar, reproducir, distribuir o comunicar públicamente una obra sin permiso, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. Es ilícito civil realizar cualquier tipo de explotación sin permiso del titular de los derechos. En España, la copia privada está reconocida por la ley como una cesión de derechos del autor (o de quien los posea), es un límite a la exclusividad de los derechos de explotación de la obra.

¿Por qué es tan importante esta sentencia?

La sentencia deja claro lo que los usuarios pueden hacer. Así, con la legislación actual es perfectamente legal mantener una página de enlaces a sitios de descarga ya que el enlace no supone un acto de explotación de la obra. Además, la sentencia respalda la legalidad del P2P siempre que los archivos (música, vídeo, etc.) provengan de una fuente legítima (un original o una copia privada), no se comercialice con ellos y no se consume una comunicación pública (los intercambios P2P lo son entre dos usuarios)

¿Puedo seguir descargando?

Según esta sentencia, sí, si se cumplen los requisitos que establece la ley, el uso de redes P2P no incurre en ninguna ilegalidad en España. La mera obtención de la copia es un acto perfectamente legal, razona el juez.

¿La existencia del canon digital tiene algo que ver?

La compensación equitativa por copia privada (el llamado canon) es un mecanismo de compensación a los titulares de los derechos de autor por las copias privadas. Es decir, en España está permitido copiar música, películas, series, etc. para uso personal (no para uso colectivo), y siempre que no se haga negocio con esas copias. La sentencia alude al canon y determina que los soportes en los que se graban las descargas ya pagan ese canon, por lo que quedan legitimadas como copias privadas.

¿Puedo enlazar a contenidos desde mi página web o desde mi blog?

Según esta sentencia, sí, siempre que los enlaces apunten a contenidos ajenos y el sitio web no aloje contenidos protegidos en su servidor. De hecho, el juez considera que el sistema de ‘links’, el mero hecho de enlazar, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, requisitos que impone la ley para considerar la vulneración de los derechos de autor.

¿Qué pasa si llevo publicidad?

A efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, como el enlace no se considera comunicación pública, ni reproducción, ni distribución, es intrascendente si el sitio web lleva o no publicidad. No obstante, esto no implica que el sitio web que enlaza y lleva publicidad pueda estar cometiendo otro tipo de ilícito, aunque no contra la propiedad intelectual.

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno?

Esta sentencia llega en un momento crucial, en mitad de la Presidencia española de la UE, con presiones de la industria cultural y del Gobierno de EEUU para que España luche contra las descargas no autorizadas. Además, se encuentra en plena tramitación la futura Ley de Economía Sostenible, que prevé otorgar a un órgano perteneciente al Ministerio de Cultura (la Comisión de la Propiedad Intelectual) la petición del cierre cautelar de sitios web que supuestamente vulneren los derechos de autor, a petición de los interesados y previa autorización rápida de un juez de la Audiencia Nacional. Por último, el Gobierno trata de impulsar al mismo tiempo una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

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En el recurso ante la Audiencia de Barcelona el abogado de la empresa, Josep Jover, volvió a solicitar que ante la confusión interpretativa del alcance que debe tener el pago del canon se consultara a las instancias europeas. Esta petición, que había sido rechazada por el primer juez, fue escuchada en la Audiencia. Por esta razón, ahora ha llegado a Luxemburgo.

En los meses previos al inicio de la vista, el tribunal remitió el caso a todos los estados miembros para que pudieran aportar sus alegaciones. Lo han hecho varios países. Finlandia y Gran Bretaña, por ejemplo, remitieron una opinión favorable a la tesis de Traxtore. Hoy, ante el tribunal se han presentado, además de los abogados de las partes, representantes de Alemania, Grecia y España, que se oponen a las tesis de Traxtore aunque ofrecen matices en su argumentación. Alemania, por ejemplo, considera que debe haber una mayor proporcionalidad al fijar el precio del canon, mientras que Grecia lo defiende en su integridad de la misma manera que los hoteles han de pagar por instalar televisores.

La audiencia, que ha durado toda la mañana, ha consistido en intentar responder a una pregunta altamente técnica sobre si la compensación equitativa (retribución a quien tiene el derecho de la obra por el lucro cesante que supone la obtención lícita de una copia para uso privado) debe entenderse como remuneración equitativa (si alguien hace negocio con la copia de una obra debe retribuir a quien tiene los derechos de la misma). En definitiva, el debate se centraba en si aquellos que utilizan soportes informáticos de almacenamiento pero con fines profesionales y no para obtener una copia privada de archivos sometidos a derechos deben pagar igualmente el canon digital. Por ejemplo, la Administración de Justicia. En la audiencia, un abogado de las partes ha defendido el pago del canon por parte de la administración porque sus equipos son empleados por sus funcionarios para obtener copias con fines particulares.

El 11 de mayo la abogada general del Tribunal elevará sus conclusiones y la sentencia llegará tras las vacaciones de verano. Lo que dictamine el tribunal de Luxemburgo generará una obligación de interpretación en todos los estados miembros de la Unión Europea. Según cual sea la misma, España y todos los países que aplican el canon con los mismos criterios podrían verse obligados a corregirlos.

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